DESDE EL PUERTO,

ACERCAMIENTO A LA HISTORIA DEL “CASINO DE LOS CABALLEROS”

ARTÍCULO DE: Melecio Hernández Pérez

El general Primo de Rivera se instauró en el poder en 1923, después del golpe de Estado contra el último gobierno constitucional de la monarquía. Este acontecimiento, que acabó con el Ayuntamiento socialista del Puerto de la Cruz presidido por Martín Pérez Trujillo, fue acogido con optimismo para el devenir del casino por entender que el nuevo régimen dictatorial favorecería su clasismo, y curiosamente, mejoró temporalmente, con la integración siguiente: Ruperto Peña Hernández, los hermanos Vicente y Sebastián Fernández Celís, Antonio González de Chaves, Juan García Ponte, Melchor Martel, Antonio Esquivel, Juan Ruiz Real, Sebastián Méndez, Ruperto Armas y Guillermo Ruschmans. Isidoro Luz Carpenter y Aurelio López, que habían dejado de pertenecer al casino, fueron readmitidos como socios propietarios. El 6 de diciembre se manifestó en acta el sentimiento general por los fallecimientos de Guillermo Wildpret Duque y Pedro Suárez, y en la del 23 del mismo mes y año, la sociedad se planteó la compra de la casa que venía ocupando en régimen de alquiler. El 22 de junio de 1924 la presidencia informó en asamblea que dicho inmueble propiedad de las hermanas Concepción, Luisa, Josefa y Juana Tolosa Pierrat, herederas a su vez de su padre Camilo Tolosa Casalón, había sido adquirido por escritura pública ante el notario de La Laguna Adolfo Carrillo Fragoso el 11 de junio de 1924 por la cantidad de 35.000 pesetas. La financiación inicial corrió a cargo del presidente Francisco Tolosa García, además de Juan y Francisco Machado Pérez, quienes realizaron una operación financiera con el Banco de España por 30.000 pesetas que, con las 5.000 disponibles del casino, completaban el importe. Entonces la sociedad contrajo un crédito con el Banco Hipotecario de España por 25.000 pesetas al 6% de interés anual y a 35 años, para saldar la deuda con tan altruistas socios. De 1925 a 1927 la captación de socios alcanzó a Sixto Escobar, Enrique Padrón, Enrique y Roberto Wildpret Mayato, Rodolfo Fritsche, Antonio Pintor, Javier Felip Solá, Vicente González de Chaves y Donato Albela y Manuel Espinosa. Se renovó la directiva que venía siendo reelegida desde 1922, por la presidida por Juan González Sanjuán y Cristóbal Castro Díaz, como secretario, y en 1928 la presidencia recayó en Diego Arroyo González de Chaves y Roberto Wildpret Mayato, secretario; cargos éstos que ocuparon, al siguiente año, Juan Machado Pérez y Antonio Castro Díaz. En 1929 fue acordada la reforma y actualización de los estatutos en varios de sus artículos, entre ellos, la cuantía de las cuotas: socios propietarios, 10 pesetas; supernumerarios, 15 y  transeúntes, 20. Rigió la presidencia en 1930 el mismo del año anterior y Valeriano García Herreros, de secretario, por renuncia de Castro Díaz. Se ejecutaron obras y reformas de distinta índole, todas ellas encaminadas a mejorar el aspecto estético del edificio y ampliación del espacio de recreo y de las dependencias, para que el casino estuviera a la altura de los socios. Una vez más, Juan Machado Pérez en compañía de Francisco Machado Pérez y Juan González Sanjuán, se ofrecieron para avalar las cantidades que se fueran sacando del Banco de España hasta rematar las obras.

 Se celebró con júbilo por las calles del Puerto de la Cruz la proclamación de la II República, y el socialista Florencio Sosa Acevedo pasó a ocupar la alcaldía. El casino entonces estaba presidido por Francisco Machado Pérez con Melchor Martel Oramas de secretario. En esa época hubo una acusada morosidad por parte de los socios que, con su acción, limitaron aún más los recursos económicos. Uno de ellos solicitó por carta al presidente se le diera de baja hasta  liquidar el importe de las veinte cuotas que adeudaba, por serle imposible hacerlo de una sola vez. Otros cuatro fueron dados de baja por indiferencia ante los plazos concedidos. La asistencia a las reuniones era poco significativa, al igual que las solicitudes de nuevos socios; tan es así, que a lo largo de cuatro años, solamente ingresaron José Sánchez, Joaquín Layner Fernández, Joaquín Layner (hijo), Agustín Portillo, Fernando Barreda, Enrique Trenkel y Antonio Perera. En 1933 presidía el centro Juan González Sanjuán, y al año siguiente, Diego de Arroyo y González de Chaves con Rosendo Méndez García de secretario. En las sesiones predominaba la necesidad de solventar la insostenible situación económica para afrontar las obligaciones más apremiantes. Por esa razón se instó a los socios al abono de las cantidades en descubierto; pero, al no ponerse al corriente, varios fueron los morosos que optaron por darse voluntariamente de baja. Resultó reelegida la anterior junta directiva para 1935, la cual, ante la falta de liquidez, acordó instalar el casino en el piso bajo con el fin de alquilar los dos pisos de la parte alta, ya que también disminuían los ingresos por los distintos juegos. Asimismo hubo que poner en venta parte del mobiliario y enseres con el mismo fin. Volvió a ser reelegida la junta directiva para 1936, a excepción del vicesecretario Antonio Castro Díaz, que se retiró de la sociedad y fue sustituido por Aurelio López. El número de socios pasó a treinta y seis, veinte de los cuales eran morosos, oscilando la asistencia a las reuniones entre un 16% y un 18 %. En la última junta del año el presidente manifestó “que iniciado el Movimiento  Nacional del 18 de julio por el heroico Caudillo general Franco, y al organizarse seguidamente las milicias de Acción Ciudadana, como quiera que ésta careciera de local, interpretando el sentir de los socios de este casino, a la mínima indicación que le hicieron, puso a disposición de este organismo el local, para su instalación en el mismo, hasta tanto las necesidades así lo aconsejaran”. A partir de ese momento el casino cae en una apatía y total inactividad. Falleció en 1939 el socio directivo Aurelio López que fue reemplazado por Isidoro Luz Lima. El presidente de la junta directiva que venía actuando, a lo hora de volver a ser reelegido, hizo constar en acta  “que se tenga en cuenta los años que vengo ocupando el cargo”. Pero de poco le valió, porque no sería relevado hasta 1951.

(Continuará)