“El PSOE ha gobernado de espaldas al mar, y CC sólo se ha preocupado de cambiarle el nombre”
15 ABR 2011.- La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Santa Cruz, Cristina Tavío, intervino esta mañana en Valencia en la I Jornada de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, que reunió a más de trescientos participantes de todo el litoral español.Según afirmó la candidata popular, “el PSOE ha gobernado este país de espaldas al mar y CC sólo se ha preocupado de cambiarle el nombre; eso lo sabemos muy bien en Canarias, donde se aplica Ley de Costas como una herramienta de propaganda y demagogia, atropellando los derechos de nuestra gente”.
Cristina Tavío se mostró “agradecida” por la invitación de la Plataforma de Afectados y aseguró que para ella “es un honor y una satisfacción que quienes han sufrido la persecución de este gobierno en el litoral de las Islas y la Península cuenten conmigo para este primer acto de movilización ciudadana, donde he tenido la oportunidad de exponer los graves casos ocurridos en Canarias y especialmente en Tenerife”.
Representantes de Cádiz, Huelva, Asturias, Alicante, Elche, Denia, Oliva, El Saler, Moncofar, Almenara y Castellón, se dieron cita en el encuentro, para debatir las alternativas viables a la actual legislación, que afecta a más de 2.000 familias en todo el país y unas 8.000 personas.
“Para el Partido Popular –argumentó Tavío- es irrenunciable la preservación de los asentamientos urbanos costeros, como Roque de las Bodegas, Tachero, Almáciga o Igueste de San Andrés, y la conciliación del interés público con los derechos de las personas físicas y jurídicas afectadas por la realidad anterior a la aprobación de la Ley de Costas”.
En su condición de parlamentaria autonómica, Cristina Tavío ha sido una de las principales defensoras de la conservación de los asentamientos urbanos costeros consolidados y de valor cultural y económico en las Islas, fue ponente de la Proposición No de Ley que el pasado verano aprobó el Parlamento de Canarias solicitando el aplazamiento de la aplicación de la Ley de Costas en el Archipiélago, y ha promovido a través del Grupo Popular en el Senado la revisión de la actual legislación.
Entre los ponentes de la jornada también destacó la presencia del ex subdirector General de Costas, Francisco Montoya, co-redactor en su momento del reglamento de costas y que analizó la ley desde diferentes perspectivas, manifestando la necesidad de que todos los agentes implicados puedan entenderse.
Durante la jornada se proyectó un video de la europarlamentaria británica Diana Wallis, en el que la política inglesa denunció la inseguridad jurídica y los abusos administrativos a los que se han visto sometidos ciudadanos europeos en España por la aplicación de esta ley.
La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas y los participantes en la Jornada suscribieron el Manifiesto de Valencia, un documento que recoge la esencia de las reclamaciones de este colectivo. La Plataforma considera que las playas deben ser públicas y de uso libre y gratuito para todos los ciudadanos y para ello cree imprescindible la necesidad de una ley de costas que defienda estos principios, pero con la necesidad de conciliar esos fines con el respeto a los derechos individuales. La plataforma considera además que la aplicación retroactiva una ley restrictiva de derechos, como es la ley de costas, vulnera la Constitución y socava las bases de la convivencia. Por estos y otros motivos que quedan expuestos en el manifiesto los afectados reclaman cambios razonables en la ley de costas, imprescindibles ajustes en su reglamento y un cuerpo de funcionarios que entiendan que están al servicio de los ciudadanos y que comprendan que en un gran número de casos el avance del dominio público constituye la expropiación de bienes legítimamente adquiridos.
El Manifiesto concluye emplazando “al Estado, incluyendo Gobierno, Parlamento y partidos políticos, para introducir estas reformas a fin de que cada uno de nosotros pueda recuperar la fe en las instituciones, sin la cual no es posible la convivencia en sociedad, y de que el saludable objetivo de la protección de las costas se obtenga por procedimientos legítimos y desde bases justas y respetuosas con todos”.
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